CORRALIZA
CORRALIZA
Terreno generalmente muy extenso con pastos y corral dedicados al sustento y cría de ganados. Ya en el siglo XVII algún Ayuntamiento arrendaba los pastos de propios a la Mesta local y eran los ganaderos quienes se encargaban de distribuir el terreno según su conveniencia e intereses. Con el tiempo la división de los pastizales de secano daría lugar al concepto moderno de corraliza que ha permanecido vigente. El resto de la tierra comunal estaba reservado para el ganado vecinal que acudía a las corralizas municipales y a los sotos (Comunes*). Además el concepto de corraliza alcanza en toda su extensión a las fincas particulares dentro de los límites de la corraliza, de cuyas hierbas podía gozar el Ayuntamiento y que por tanto se incluían en el arriendo de ésta. La construcción de corrales y balsas para abrevar el ganado corría por cuenta del municipio, lo mismo que su mantenimiento, y por tanto tenían un carácter comunal. Las corralizas eran habituales en la Ribera y en la Zona Media, desde Cortes y Corella a Cáseda y Cirauqui. De ahí las peculiaridades zonales, por ejemplo los llamados “pasos” o terrenos contiguos a las corralizas, a veces de mayor extensión que éstas, de Cabanillas y pueblos mugantes al Ebro; el aprovechamiento mancomunado por uno o más pueblos en facería, caso de Fustiñana, Cabanillas y Tudela o de Funes y Peralta; igualmente la inexistencia de estos terrenos en lugares de señorío, como Sartaguda, Monteagudo y Cadreita.
Durante el siglo XIX una importante masa de bienes comunales de propios pasó a manos privadas por causa de las deudas de guerra y el proceso desamortizador. Durante la guerra contra los franceses 1808-1813 los pueblos tuvieron que alimentar a los ejércitos de ambos bandos, que acostumbraban a vivir sobre el terreno. Pronto llegó la bancarrota a las haciendas locales, pero seguían recibiendo continuas demandas de raciones que el vecindario era incapaz de atender por sus propios medios. La falta de ganado lanar, sacrificado para alimentar a las tropas, permitió a los Ayuntamientos vender algunos terrenos de pasto, entonces desaprovechados, como solución a sus agobios pecunarios, aunque la ocupación de Pamplona por los franceses impedía a los pueblos obtener del Consejo Real el correspondiente permiso de venta. En todo caso, las Cortes de Navarra de 1818 legalizaron estas operaciones.
Sin haberse recuperado de la francesada, se vieron envueltos en la primera guerra carlista (1833), que de nuevo sumió en la ruina a los Ayuntamientos. Otra vez hubo de recurrir a préstamos de los pudientes para acudir a los requerimientos de raciones y dinero. Las crecidas deudas motivaron nuevas ventas de corralizas, en mayor proporción incluso que en los años anteriores.
Por si fuera poco, en 1855, la Ley de Desamortización Civil* obligó a los municipios a desprenderse de sus bienes de propios. El conflicto de competencias entre el Estado y la Diputación Foral por causa de la Ley, retrasó la entrada en funcionamiento de la Junta de Ventas de Navarra, pero el temor a malvender sus corralizas, por la gran cantidad de tierra puesta en el mercado, hizo que algunos Ayuntamientos navarros se adelantaran a los resultados de las negociaciones y subastaran sus propios. En el tira y afloja había conseguido la mayoría en la Junta de Ventas y la picaresca administrativa de ésta permitió evadir de los efectos de la Ley, en vigor en Navarra desde 1859, a varios miles de hectáreas de corralizas. Otros tantos, sin embargo, pasaron a manos privadas.
Las condiciones de las ventas variaron de unas escrituras a otras: en ocasiones se vendía la propiedad plena, claramente reconocida en la transmisión, o bien el pueblo se reservaba unos derechos de caza, leña, de pasto para las ganaderías concejiles… Más tarde los dueños intentaron recuperar estos derechos en otra escritura que dejaba a los pueblos a merced de la voluntad del corralicero, como fue el caso de Buñuel y Beire. Tan diversos contratos, por leyes desamortizadoras por venta libre de los Ayuntamientos, quedaron en el futuro reducido a la expresión popular de que “se vendieron hierbas y aguas y no la propiedad”. Con los años la cuestión corralicera pasó a los tribunales con interpretaciones jurídicas muy variadas. Pero la prescripción y el cambio de dueño (corralizas compradas por terceras personas que ocultaban al verdadero adquirente) dificultaban las posibles soluciones jurídicas a un problema que ya empezaba a ser social.
La llegada de la maquinaria y los abonos químicos permitieron a los dueños de las corralizas transformar aquellas tierras de pasto en cerealistas. La roturación corría por cuenta del propio corralicero o de vecinos que a cambio recibían en renta la tierra roturada por ellos mismos. La puesta en cultivo de las corralizas beneficiaba a los propietarios, pero los Ayuntamientos que se habían reservado derechos en ellas se hallaban ante el dilema de defenderlos o de permitir que el vecindario encontrara nuevos medios de subvenir a sus necesidades. También hubo corralizas que permanecieron incultas hasta casi los años treinta.
Los conflictos corraliceros que ya habían estallado en Olite en 1884 con cuatro muertos volvieron a reproducirse unos años después en Tafalla; buena parte de sus corralizas retornaron al común de vecinos en Beire, Olite, de nuevo con tres muertos en 1914, y Miranda de Arga, con otros cuatro muertos. Estos movimientos populares estaban impulsados por Sociedades Obreras “comuneras”, que promovían la roturación ilegal de fincas y ejercía presión sobre sus propios Ayuntamientos para que comunes y corralizas volvieran a los pueblos. Los pleitos de Mendavia y Lerín, los arriendos de corralizas a los Ayuntamientos de Murillo el Cuende, Valtierra y Andosilla, los convenios definitivos con los corraliceros de Cárcar y algunos de Lerín, la compra de corralizas por sociedades de vecinos de Larraga y Carcastillo, como en el siglo anterior habían hecho los de Artajona y Cirauqui, demuestran un fuerte movimiento de recuperación de los antiguos comunales en casi toda la Ribera de Navarra.
Estas acciones comuneras de reivindicación de tierras se radicalizaron en la II República. Durante los primeros meses parecía que la nueva Diputación Foral iba a tomar un protagonismo de mayor peso que en la época anterior. Pero la anunciada Ley de Reforma Agraria* pronto le hizo desistir de una política de izquierdas para el campo, que había iniciado ordenando al Ayuntamiento de Murillo el Fruto la incautación comunal para un reparto vecinal más equitativo. De nuevo la presión popular en pueblos con Ayuntamientos de izquierda, como Mendavia y Lodosa, permitió el retorno de las corralizas al pueblo mediante compra, quedando los pastos para sus dueños. Otras negociaciones en Mélida, Valtierra y Caparroso, quedaron detenidas por las elevadas sumas pedidas por los propietarios, los cuales capitalizaban sus fincas por las hierbas y aguas y por las rentas de cultivo. A este último concepto se negaban los pueblos porque esperaban que la Ley Agraria abaratara las adquisiciones.
Al transcurrir 1931 sin solución al problema corralicero, los Ayuntamientos afectados se reunieron en el Palacio Provincial el 24 de enero de 1932. En sus conclusiones pidieron que la Diputación Foral dispusiera la reintegración inmediata de las corralizas y comunes de Navarra a los Ayuntamientos respectivos y, si necesitaba para ello de una Ley especial que la recabe del Poder Central. La Diputación viajó a Madrid con este encargo, pero todo quedó a la espera de lo que dictase la inminente Ley de Reforma Agraria. Cuando la Ley se aprobó en las Cortes, su texto no recogía una referencia directa a las corralizas de Navarra, si bien la Base vigésima permitía a los Ayuntamientos iniciar acciones ante el Instituto de Reforma Agraria para rescatar aquellos bienes y derechos de que se sintieran despojados. El retraso en la constitución en Navarra de la Junta Provincial de Reforma Agraria y la falta del procedimiento legal oportuno para que los Ayuntamientos instaran el rescate de los bienes y derechos despojados, según la Base vigésima, volvió a reunir a los Ayuntamientos corraliceros en otra Asamblea en Tudela, el 17 de octubre de 1933. El cambio de rumbo político, hacia la derecha, que trajeron las elecciones generales un mes más tarde paralizó las gestiones. Hasta el 7 de marzo de 1936 no volverían los Ayuntamientos a tratar del problema de una nueva Asamblea, esta vez en Tafalla, para reclamar por enésima vez la urgente incautación para el patrimonio comunal de corralizas y comunes en Navarra y su adjudicación a los municipios respectivos. La Comisión de Ayuntamientos consiguió del ministro de Agricultura la promesa de que el nuevo Proyecto de Reforma Agraria daría cabida a las reivindicaciones de todos los Ayuntamientos navarros sobre sus dominios comunales. La sublevación militar de julio de 1936 cortó éste que parecía ser el último y definitivo paso para resolver el mayor problema social existente en la Ribera Navarra.
Durante la II República la cuestión de comunes y corralizas sirvió de banderín de enganche al sindicato UGT, que en sus Congresos campesinos reclamó con insistencia la devolución de estas tierras a los pueblos y presionó a los poderes públicos, para conseguirlo, con la ocupación y siembra esporádica de las fincas en litigio (Unión General de Trabajadores*).
Bibliografía
V. Lacarral y Mendiluce: Instituciones de Derecho Civil Navarro. I-II, (Pamplona, 1917-1932); J. J. Montorio: La propiedad privada y la comunal en la ciudad de Olite (Navarra). Estudio histórico-jurídico-social. (Pamplona, 1929); J. J. Montorio: La propiedad comunal y la privada, en la villa de Falces (Navarra). Estudio jurídico-histórico-social, (Pamplona, 1929); R. Gómez Chaparro: La Desamortización Civil en Navarra. (Pamplona, 1967).