SANEAMIENTO
SANEAMIENTO
Navarra presentaba en 1989 una mala situación en el tratamiento de los vertidos y en la depuración de las aguas residuales. Alrededor de 412.000 ciudadanos (85% del total) producían vertidos que no sufrían ninguna depuración antes de volver a los ríos, mientras que los generados por los 80.000 navarros restantes recibían algún tratamiento, pero mal gestionado en cuanto al mantenimiento y rendimiento de las fosas sépticas. En las mismas fechas existían un total de 169 instalaciones depuradoras.
El gobierno navarro aprobó ese año un Plan Director de Saneamiento y Depuración de Aguas residuales encaminado a obtener niveles de calidad en los ríos para poder dedicar su agua a abastecimientos urbanos, vida piscícola, riegos y baños. Se indicaba que el 70% de las entidades locales disponían de algún sistema de depuración, aunque no se trataba el vertido del 85% de la población.
El Plan proponía un programa de actuaciones en 15 años, entre las que se incluía la construcción de 556 nuevas instalaciones de depuración (341 fosas sépticas, 131 decantadores-digestores, 6 lagunas naturales, 54 lagunas aireadas, 22 instalaciones de aireación prolongada y 2 de fangos activados). La inversión prevista era de 8.186 millones de pesetas.
Además de las instalaciones mencionadas, el Plan proponía la regulación de algunos ríos (con embalses como el de Urdalur, en el Araquil, y los de Arraiz y Arizarte, en el Arga). Embalse*.
Para la financiación de las obras, el Gobierno Foral aportaría el 90% de la inversión, mientras que para el mantenimiento se establecería un canon (en cuatro años sería de 17,74 pesetas el metro cúbico) que debería ser abonado por los productores de vertidos contaminantes y recaudado a través de los recibos del agua. La nueva tasa, sumada a las de abastecimiento, situaría el precio medio del agua en 1992, en torno a las 86,57 ptas. el metro cúbico.
Según las prioridades trazadas en el avance del plan, en 1989 se iban a invertir 144 millones (cien de ellos en la cuenca de Pamplona); en 1990 980 millones (con actuaciones en Olazagutía y Alsasua en el Araquil, en Larraga y la Cuenca de Pamplona en el Arga, en Estella en el Ega, en Sangüesa y Cáseda en el Aragón, en Cortes en el Ebro y en el Bidasoa); y en 1991 estaban previstas inversiones en el Araquil, Larráun, Arga, Ega, Salazar, Irati, Esca, Queiles, Alhama y Bidasoa por un importe total de 858 millones.
Se incluían también actuaciones en vertidos industriales e instalaciones agropecuarias.
La gestión del plan correría a cargo de una “Junta de Saneamiento” integrada dentro de la “Junta de Infraestructuras Locales” donde iban a estar representados el Gobierno y municipios y concejos.