CÁMARA DE COMPTOS
Tribunal que fiscalizaba la gestión de las finanzas reales en Navarra. A imitación de la “Chambre de Comptes” francesa, fue establecida por Carlos II el 18 de febrero de 1365. Desde su fundación se componía de cuatro “maestros oidores” (cuya retribución ascendía al principio a 8 sueldos diarios, además de diez libras anuales para ropa y veinte cahíces de trigo al año) auxiliados en sus tareas por dos clérigos o “notarios” (retribuidos con 5 sueldos diarios). En cumplimiento de sus atribuciones los oidores fiscalizaban las cuentas de ingresos y gastos que debían presentar los recaudadores de las distintas circunscripciones territoriales (merindades y bailías), así como las cuentas del Hostal u Hostales reales, la recaudación de los tributos extraordinarios y, en definitiva, todas las finanzas del monarca, incluida la cuenta del tesorero, que resumía todas las demás.
Hasta 1365 la revisión y control de las cuentas corría a cargo de ciertos técnicos designados para cada ocasión y dependientes, en último término, de la autoridad del tesorero. Y durante el período en que el reino navarro estuvo unido a la corona de Francia (1276-1328), la aprobación de las cuentas de la administración real en Navarra se encomendaba a la “Chambre de Comptes” francesa.
A partir de 1365, sin embargo, aparece la Cámara de Comptos de Navarra como un alto organismo, dotado de amplias facultades y autonomía frente al tesorero, de suerte que de las decisiones o sentencias de los oidores sólo cabía apelación al rey y su Consejo. Mediante el examen cuidadoso de todas las partidas de ingresos y gastos de las cuentas o “Comptos” de los recaudadores, vigilaba para evitar los fraudes que pudieran cometer tanto éstos como los propios contribuyentes o los beneficiarios de los pagos del erario. Poseía también facultades para regular en ciertos casos la forma en que debían satisfacerse determinados impuestos y pechas, así como para proceder contra todo aquél que entorpeciera o perjudicara de alguna manera los intereses de la hacienda real.
En ella se archivaban ordenadamente los duplicados de los cuadernos de cuentas, además de los recibos, órdenes de pago y en general todos los justificantes de los cobros y pagos efectuados por los funcionarios del fisco. Toda esa ingente masa documental -con pérdidas muy sensibles desde mediados del siglo XV hasta el año 1512- ha llegado hasta nuestros días y forma el núcleo más cuantioso de los fondos medievales del Archivo General de Navarra.
Al principio la Cámara de Comptos se estableció en un local alquilado en la Rúa Mayor de la Navarrería de Pamplona. En el siglo XV se había trasladado a una casa del rey detrás de la iglesia de San Saturnino, que sufrió un derrumbamiento accidental el 2 de septiembre de 1449, por lo que hubo que trasladar las oficinas y la documentación a la llamada Torre del Rey; este local daba por un lado a la actual calle de San Francisco, y por otro a la muralla del burgo de San Saturnino, es decir, a la actual calle Nueva. Sólo en 1524, con ocasión de las reformas urbanísticas a que dio lugar la construcción del convento de San Francisco en esa parte, se trasladó la Cámara de Comptos -junto con la Casa de la Moneda- al edificio medieval de la calle Tecenderías (hoy Ansoleaga) que ha conservado hasta hoy el recuerdo y el nombre de este veterano tribunal de cuentas.
Los monarcas españoles posteriores trataron en diversas ocasiones de suprimir este viejo testigo de la soberanía del reino navarro, como en 1693 y en el siglo XVIII, pero las protestas del pueblo y de la Diputación lograron ir postergando esta medida. En 1833 ordenó el rey que no se proveyesen las plazas que fuesen vacando en el Tribunal de Comptos hasta que por sí mismo se extinguiese. Meses después estallaba la rebelión carlista contra la amenaza que se cernía sobre los últimos restos de las instituciones privativas. Ya en plena guerra fue fácil acabar con ello; una real orden del 6 de marzo de 1836 suprimió dicho tribunal a pesar de que no se hubieran producido vacantes. El archivo de Comptos fue entregado a la Diputación provincial donde se custodia actualmente.
Con la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Fuero (1982), volvió a instaurarse en sus funciones de fiscalización económica de las instituciones navarras. Su presidente es elegido por el Parlamento Foral. Mariano Zufía, elegido como primer presidente, ocupaba el cargo en 1989.