PEDRO JIMÉNEZ DE GAZÓLAZ
PEDRO JIMÉNEZ DE GAZÓLAZ
(? – 28.10.1266). Obispo de Pamplona desde enero de 1242. Miembro de una estirpe de caballeros de la cuenca de Pamplona, había sido canónigo penitenciario de la catedral (1226) y abad de Aspa (1232). Su ascenso al episcopado se produjo al cabo de los tres años de la vacante ocurrida por el fallecimiento de Pedro Ramírez de Piédrola. Era sin duda cabeza de la facción del cabildo opuesta al arcediano de la cámara Guillermo de Oriz, quien contaba con el beneplácito de Teobaldo I.
Dotado de recia personalidad, se empeñó desde un principio en una sistemática recuperación de los bienes y derechos diocesanos, particularmente perjudicados por las usurpaciones de Sancho VII el Fuerte. La corona se había apropiado de los castillos de Monjardín y Oro, y había hecho demoler el de Huarte, no abonaba la décima de las exacciones regias sobre Pamplona, secuestraba primicias y diversas heredades parroquiales, se entrometía en algunas designaciones de rectores de iglesia, quebrantaba los derechos de asilo y fuero eclesiástico.
Planteado ante el papa Inocencio IV, el pleito discurrió con toda crudeza durante un decenio, entre sentencias del papa favorables a la mitra e incluso el entredicho del reino (1248, 1251) y, por otro lado, maniobras dilatorias y nuevos abusos del monarca, quien murió sin doblegarse. Aunque Teobaldo II mostró en un principio la misma intransigencia que su padre y trajo un nuevo entredicho, accedió finalmente a una transacción (Estella, 1255), por la cual cedió en gran parte de los asuntos controvertidos, pero obtuvo la distribución a medias de las rentas de Pamplona y el condominio de la ciudad, más la devolución del palacio de San Pedro edificado por Sancho VI el Sabio. Ante las reclamaciones del sector más radical del cabildo, el papa Alejandro IV anuló el convenio (1257), dejando pendiente, pues, el conflictivo problema de la jurisdicción temporal sobre Pamplona. El obispo, exiliado bastante tiempo en su reducto aragonés de Navardún, tuvo fricciones también con diversos establecimientos eclesiásticos. En la cuestión de la parte de diezmos usurpada por Santa Cristina de Somport en Uncastillo y Sádaba obtuvo sentencia favorable, pero ésta no llegó a ejecutarse. Recabó y consiguió (1245) los derechos que le retenía el monasterio de Irache. Litigó con el de San Juan de la Peña y logró que le entregara las iglesias de San Pedro de la Rúa, San Nicolás, Santo Sepulcro y San Miguel de Estella (1253), aunque luego se las restituyó junto con San Pedro de Lizarra a cambio de una liquidación de rentas pendientes. Disputó sin éxito con la sede de Zaragoza por las iglesias de El Castellar y Alcalá (1248-1261). Llegó a un acuerdo en la percepción de los derechos episcopales sobre los diezmos de las numerosas iglesias navarras de la abadía de Montearagón (1262). A cambio de ciertas rentas había apoyado desde un principio la reforma cisterciense de Leire, encargándose de promulgar la condena pontificia de los monjes negros (1245), quienes, sin embargo, aún volvieron irrumpir violentamente en la abadía (1256). Hubo también graves atentados contra los franciscanos instalados, sin permiso del prelado, cerca de San Lorenzo y del recinto urbano pamplonés (1245). Estos habían dejado vacante el convento de San Pedro de Ribas, entregado a las sororas de Barañáin, a las que el obispo había facilitado antes una casa en Acella para vivir bajo la regla de San Agustín y les ofreció luego medios de subsistencia. Concedió licencia a los dominicos para instalarse en Estella (1255); había autorizado con condiciones la construcción de un oratorio en la casa hospital de Sancti Spiritus de Valtierra (1244). Se sabe que consagró las iglesias de Santa María de Alzórriz (1254) y Santa María de Legarda de Mendavia (1262). Instituyó una festividad en memoria de la entrega por Teobaldo II de la reliquia de la Santa Espina con que le había obsequiado Luis IX de Francia. Participó personalmente o por delegación en seis concilios provinciales pero estuvo ausente en otros cuatro. Tuvo algunas fricciones con el metropolitano de Tarragona y, enfrentado con su propio cabildo, lo sometió a visita canonical y exigió con firmeza la observancia de la vida regular (1266). Había creado en 1246 el cargo de “oficial” o juez eclesiástico diocesano permanente.
Bibliografía
J. Goñi Gaztambide, Historia de los obispos de Pamplona, I, (Pamplona,1979), p. 585-647.